Atentando contra nuestro derecho de protestar

Leda Silva Victoria

Todos  tenemos derecho a vivienda, salud, educación, trabajo, prestaciones y seguridad social. Pero en México esto no se cumple, ya que más de 50 millones de mexicanos viven en la pobreza.

Es por ello que crecen los movimientos que buscan se respeten los derechos mas elementales; por ejemplo, la lucha de los electricistas es por recuperar su fuente de trabajo, la de los mineros de Cananea por tener condiciones laborales dignas, la de los ejidatarios de Atenco por la defensa de la tierra, la de los maestros por defender la educación pública y gratuita, o la de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

El gobierno de Calderón ha respondido con  la política de la criminalización de la protesta social, que consiste en equiparar esta con el crimen organizado, para así poderla reprimir y disolver. Para ello ha impuesto reformas al Código Penal y a la propia Constitución, que permiten que la lucha social quedé en la ilegalidad.

Como parte de esta política están las detenciones arbitrarias, la descalificación de quien se manifiesta, la represión policial, la militarización del país, o la imputación falsa de delitos graves a luchadores sociales. El gobierno ha actuado en consecuencia con esta política,  como en el caso de los presos políticos de Atenco, acusados de secuestro y sentenciados a más de 60 años de prisión; o está el ejemplo del movimiento del SME, en donde los medios han calificado a los electricistas como delincuentes.

La defensa de los derechos será una lucha permanente mientras siga existiendo una sociedad basada en la explotación de la mayoría para beneficiar a unos pocos, y por tanto, la criminalización de la protesta social por parte del Estado también continuará. La libre manifestación y organización son parte de nuestros derechos y el gobierno buscará arrebatárnoslos porque su ejercicio pone en peligro sus privilegios. Sólo cuando la clase trabajadora se gobierne a sí misma es que logrará velar por el respeto y ejercicio de sus derechos.